En Madrid, la batalla por investigar la corrupción también se disputa en los despachos, y se pelea con juristas. En octubre de 2017, el PP activó todos los mecanismos defensivos a su alcance para evitar la prolongación de la comisión de investigación sobre la corrupción en la Comunidad de Madrid, a cuya creación ya se había opuesto en 2015. Un año después, la formación conservadora también intentó frenar la comisión de investigación sobre el caso máster de Cristina Cifuentes. En las dos ocasiones, el PP pidió un informe jurídico a los servicios de la Cámara, buscando resquicios legales para bloquear las iniciativas de la oposición. A solo unos días de que la Mesa de la Asamblea se pronuncie sobre la investigación del caso Avalmadrid, la posibilidad de repetir esa estrategia sigue abierta.