En México, los actores políticos se están amenazando mutuamente con usar el recurso constitucional de “desaparición de poderes” para destituir, desde el congreso federal, a algunos gobernadores cuyos Estados padecen graves crisis de violencia e inseguridad. Lejos de ayudar a solucionar el problema, esta propuesta impide comprender las causas de la crisis de gobernabilidad que padecen varias entidades del país. La violencia criminal incontrolada es sólo una de las manifestaciones del problema central de esta fase histórica: la ausencia de instituciones democráticas operativas, vacío que se expresa en violaciones sistemáticas a la ley desde los propios poderes del Estado, carencia de capacidades técnicas, operativas y políticas en las clases gobernantes y ausencia de mecanismos de control ciudadano sobre los excesos de la clase política. Persisten regímenes subnacionales híbridos y un Gobierno federal fragmentado, caracterizados todos por una estatalidad precaria. Estas condiciones cuestionan la narrativa del “cambio de régimen”.