En 1980 la UNESCO publicó una Recomendación para que los Estados desarrollaran marcos normativos adecuados de cara a mejorar las condiciones profesionales, sociales y económicas de las personas artistas[1]. Así, la 21ª Conferencia General reconocía el valor fundamental del trabajo creativo y marcaba una hoja de ruta para dar seguimiento a las medidas que los países debían implementar. Por ese motivo, cada cuatro años se prepara un informe que se eleva a la Conferencia General de cara a conocer las decisiones que se toman sobre esta materia. En realidad no hemos avanzado mucho. La crisis del Covid-19 ha puesto de nuevo de manifiesto que la situación de desprotección de los profesionales de la cultura sigue siendo tan evidente como hace cuarenta años. El desarrollo de modelos de contratos, las coberturas de la seguridad social, la asistencia sanitaria, siguen en los mismos niveles de desprotección para las personas que se dedican a la creación de nuestra cultura.