Frente a la irritación que provoca en muchos las peculiaridades, por así decirlo, de Andrés Manuel López Obrador y su gobierno, cabría preguntarse por qué esos mismos críticos toleraban lo que hoy parecerían excesos inadmisibles y delitos de los gobiernos anteriores. La detención en Estados Unidos de Genaro García Luna, el todopoderoso policía del presidente Felipe Calderón (2006-2012), acusado de operar bajo sueldo a favor del Cártel de Sinaloa, constituye la más reciente de las muchas evidencias de la podredumbre de los últimos gobiernos. Ayer mismo se dio a conocer que 302 mil millones de pesos (alrededor de 15 mil millones de dólares) destinados a la seguridad fueron desviados entre 2012 y 2015 por gobiernos estatales y el federal. No es de sorprender el quiebre del sistema de justicia y el empoderamiento del crimen organizado. La frivolidad de la administración de Enrique Peña Nieto y la corrupción en la que incurrió el PRI es conocida y parecería que nos hay espacio de la vida pública que resista una mirada incluso de soslayo sin que brote algo turbio. Es de sobra conocido el caso de los gobernadores que robaron a mansalva y endeudaron al erario como si no existiese un mañana.