Cuando las grúas terminen de levantar las 15.000 viviendas públicas en régimen de alquiler que la Comunidad quiere construir, los vecinos y trabajadores vinculados a los 43 municipios en los que se instalen tendrán prioridad para ocuparlas. Así se explicita en el proyecto del decreto que regulará la asignación de los pisos del Plan Vive, que dará preferencia a quienes lleven una década en cada una de las localidades participantes. Un requisito que ayer soliviantó a los partidos de la oposición —que lo consideraron “discriminatorio” para personas de otras ciudades, regiones y países— y que la Comunidad defendió con contundencia. Si los locales no son suficientes para cubrir las casas que se levanten en sus municipios, el resto de empadronados en la región podrán optar a ellas… siempre y cuando lleven diez años en la Comunidad.