El Tribunal Supremo ha eliminado el último obstáculo que se interponía en los planes de la Administración Trump de denegar el permiso de residencia (green card) a aquellos inmigrantes que se considere que puedan llegar a ser, en algún momento, una “carga” económica para el Estado, al requerir asistencia médica pública o ayudas para la vivienda o la alimentación. Con la sentencia, la norma que hará más difícil obtener la residencia a solicitantes con menos recursos entra en vigor en todo el país. Igual que en otro caso similar el mes pasado, los magistrados conservadores se han impuesto por cinco votos a cuatro.