Según expertos consultados por este periódico, ambas operaciones se realizaron por debajo del precio de mercado. Con estas dos enajenaciones, casi 400 familias han sido perjudicadas. La primera venta corresponde a la fundación Fusara, una de las 71 que controla el Arzobispado. Esta operación está siendo investigada por la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de la plaza de Castilla, Carmen Rodríguez-Medel, por si los administradores han podido cometer los delitos de estafa, corrupción y administración desleal. La venta de siete de los 14 inmuebles no ha sido inscrita por los responsables del Registro de la Propiedad.