El Gobierno de Murcia debería dar marcha atrás en el bochornoso asunto del veto parental sin esperar a que la justicia se pronuncie sobre la instrucción de la consejería de Educación que obliga a los centros escolares a recabar la autorización expresa de las familias para que los alumnos puedan asistir a las actividades complementarias decididas por el equipo docente. El Ministerio de Educación presentó el martes un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra la decisión del Gobierno autónomo, formado por PP y Ciudadanos, después de que este se negara a acatar el requerimiento para retirar la instrucción. El ministerio alega que la instrucción vulnera el derecho a la educación que la Constitución otorga a los alumnos al priorizar el derecho accesorio de los padres a elegir la enseñanza moral y religiosa de sus hijos e instaurar una especie de objeción de conciencia que no está prevista en la ley y vulnera la normativa básica sobre educación.